El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó enérgicamente este lunes desde su cuenta en la red social Twitter la decisión del gobierno estadounidense de autorizar demandas contra la Mayor de las Antillas, aunque Washington prorrogó por otros 30 días la aplicación total del Título III de la Ley Helms-Burton.
 
Rodríguez Parrilla condenó la medida del Departamento de Estado contra compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por la actual administración en la Casa Blanca, que calificó de una inaceptable amenaza al mundo.
 
A partir del 19 de marzo, se levantará la suspensión de la posibilidad de presentar demandas en tribunales norteamericanos contra decenas de empresas cubanas incluidas en una lista unilateral del Departamento de Estado, por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional.
 
El Título III de la citada ley, que ahora la administración Trump ha desempolvado, establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de Estados Unidos demandas contra todo extranjero que «trafique» con propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, llevado a cabo por el Gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.
 
Según información publicada en el sitio oficial del Departamento de Estado, el Secretario de Estado, Mike Pompeo informó a los comités correspondientes del Congreso estadounidense sobre la «necesidad de prorrogar otros 30 días la aplicación hasta el 17 de abril de 2019, del derecho a presentar una acción conforme al Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) de 1996», en correspondencia con los «intereses nacionales» de los Estados Unidos.
 
La nueva escala de sanciones a Cuba, se concreta luego de las declaraciones de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tras expresar en Twitter que «Los Estados Unidos continuarán fortaleciendo las restricciones financieras para los militares cubanos y los servicios de inteligencia».  
 
Además, el tristemente célebre senador republicano por la Florida, Marco Rubio espetó que «hoy se espera que Estados Unidos tome el primero de una serie de pasos para que el gobierno cubano rinda cuentas por 60 años de crímenes e ilegalidad».
 
Lo cierto es, que los gobiernos de Estados Unidos, aferrados todos a asfixiar a la Revolución Cubana, no han podido vencerla ni con la amenaza permanente de la aplicación del Título III de la mencionada Ley, que puede catalogarse como uno de los ejercicios más insolentes de un gobierno, de irrespeto a otros países y ajeno totalmente al concepto de soberanía que ha defendido y defiende Cuba. Su propósito es, desde el punto de vista económico, frenar por todos los medios que los empresarios extranjeros inviertan en nuestro país.