La población de esta provincia, a 350 kilómetros al oriente de la capital cubana, se suma a las acciones de rechazo al Título III de la Ley Helms-Burton, activado por el gobierno de Estados Unidos el pasado dos de mayo.
 
Los habitantes del territorio afirmaron que las amenazas indignan porque son agresiva e irracionales al trata de dañar y acabar con la Revolución, la cual ha sido faro para los pueblos oprimidos de América y el mundo.
 
En los centros de trabajo, empresas, organizaciones sociales y políticas, estudiantiles, así como en reuniones de vecinos se debate y condena los intentos del norte por bloquear 'al país que más solidaridad ha ofrecido a las naciones más pobres', afirmó David Aquino.
 
El miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana insistió a Prensa Latina que esa mal llamada ley carece de valor y efecto jurídico, las propiedades y bienes confiscados son y serán parte del patrimonio nacional.
 
Pablo del Pino, trabajador de turismo, afirmó que se trata de destruir las conquistas sociales, de vencernos con limitaciones, y razonó: estamos preparados para vencer y seguir adelante con más socialismo.
 
Por su parte el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió recientemente en su cuenta de la red social Twitter que la ley estadounidense Helms Burton es una condena contra las familias de la isla caribeña.
 
En su mensaje, dijo: Persisten en las amenazas, con prepotencia plantean una ley genocida que viola el Derecho Internacional, condena a Cuba y a las familias cubanas.
 
Comentó que esa legislación: 'Representa el anhelo anexionista y colonial, pretende provocar el cambio del sistema político y económico en Cuba. Y la calificó de 'afrenta a nuestra soberanía y dignidad'.
 
En vigor desde 1996, la ley Helms-Burton codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto, y con sus cuatro títulos busca asfixiar al Cuba mediante una injerencia directa en sus asuntos internos.
 
Según el espíritu del mencionado acápite, se consideran al amparo de esta ley las propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en el archipiélago a principios de la Revolución en correspondencia con una decisión legítima y legal del gobierno cubano.