Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), propusieron, con miras a resolver el punto cinco de la agenda de paz —reparación de las víctimas—, la creación de una comisión independiente que investigue el conflicto armado con pleno acceso a los archivos de los servicios secretos independientes y del gobierno.
La constitución de este grupo, formado por expertos colombianos y de otros países, deberá estudiar con «sensatez, realismo y apego a la verdad», la historia de la contienda colombiana desde sus inicios, según señaló un comunicado firmado por la delegación de paz de las FARC-EP y leído este lunes por el representante guerrillero Pablo Catatumbo.
Esta petición, aunque ya había sido planeada por la insurgencia anteriormente, especifica ahora que se traten dos aspectos fundamentales: los derechos humanos de las víctimas y la verdad.
La Comisión que se establezca, pide la insurgencia, deberá estudiar el tema de la violencia partidista, su incidencia en los acontecimientos posteriores y en el surgimiento de las FARC-EP. Junto a ello, deberá evaluar la responsabilidad también de los medios de comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas —en ese sentido hacen énfasis en el papel jugado por EE.UU—, además de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero.
A pesar de no haber llegado al quinto punto de la agenda que siguen las partes, el tópico víctimas está siendo ampliamente tratado en la nación sudamericana en medio de las discusiones sobre la implementación de la Ley del Marco Jurídico para la Paz que se está llevando a cabo en Colombia.
Según las FARC-EP, el Estado es responsable, por acción u omisión, de lo sucedido durante el conflicto, tal como lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional luego de conocerse el Informe General del Grupo de Memoria Histórica.
En su más reciente informe, ese ente institucional, refiere que en los últimos 54 años se registraron en Colombia 220 000 muertos, la mayoría de ellos civiles.
Según el documento, fruto de seis años de trabajo y reconstrucción de los hechos, el 18 por ciento de estos fueron víctimas de los grupos armados en conflicto, entre ellos, narcotraficantes, paramilitares, criminales, militares y policías.
Sin embargo, las FARC-EP también solicitan a la comisión independiente que pueda crearse, revise ese Informe General del Grupo de Memoria Histórica, atendiendo a que de él depende, en gran medida, el éxito de las discusiones sobre el tema víctimas.
En su texto, y ante el reiterado pedido de una tregua bilateral que desde el inicio de los diálogos le han propuesto las FARC-EP al Gobierno colombiano, la guerrilla reafirma que es el Estado el máximo responsable de las nuevas víctimas que por consecuencia de la negativa gubernamental, emanen del conflicto.
Nuevamente este lunes, el presidente Juan Manuel Santos, reiteró en una entrevista con Caracol Radio que declarar un cese del fuego «es inconveniente» y un incentivo perverso para prolongar estas conversaciones porque la guerrilla estaría «con las armas y negociando políticamente».
En otra parte de su intervención Santos refirió que no se puede pretender «arrodillar» a las insurgencia en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba, y reconoció la voluntad de paz del grupo guerrillero.
«De lo que sí estoy convencido y está convencido el mundo entero es que a una guerrilla como las FARC-EP hay que darle una salida, no podemos arrodillarlos ni humillarlos», aseguró.
Santos, defensor e impulsor de estos diálogos de paz y quién cumplirá el miércoles próximo el tercero de sus cuatro años de gobierno, había afirmado el domingo en otra entrevista con el diario El Tiempo, que confía en firmar la paz antes del fin su mandato, en agosto de 2014.