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Seguridad Social cubana marcada por justeza y amparo
Con el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 la Seguridad Social se convirtió en respaldo, amparo y tranquilidad ante discapacidades, orfandad o jubilación sin distinción de raza, género o sector de procedencia.
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PL
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Con el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 la Seguridad Social se convirtió en respaldo, amparo y tranquilidad ante discapacidades, orfandad o jubilación sin distinción de raza, género o sector de procedencia.
Desde esa fecha el gobierno que asumió el poder en la Isla tiene entre sus principales aciertos la atención a los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad.
Los cambios ocurridos en el país obligaron a modificar los mecanismos encargados del amparo a las personas que, por su edad o enfermedad. abandonaban la vida laboral activa.
Hasta 1959 las instituciones del sector existentes aplicaban el esquema clásico del seguro social: contribución del empleador y del asegurado y, eventualmente, algunas recibían subsidio estatal.
Por otra parte, más del 50 por ciento de la población laboral carecía de tales beneficios y desconocía sus derechos.
De esa forma funcionaban 52 instituciones de seguro social, denominadas cajas de retiro o seguros clasificados por la Junta Nacional de Economía en jubilaciones y pensiones del Estado.
Con las transformaciones en la vida política y económica la seguridad social adquirió un nuevo sentido: la atención financiera a los fondos existentes para garantizar su funcionamiento sin interrupción y a más largo plazo y la cobertura de todos los riesgos.
La extensión de la protección a todos los trabajadores, la concesión de prestaciones suficientes, la racionalización y unidad administrativa, la gratuidad del sistema y la creación del seguro de enfermedad, formaron parte de la cotidiana protección a trabajadores.
En mayo de 1959 nació el Banco de los Seguros Sociales de Cuba y quedaban atrás los intereses políticos que frenaron durante años la unificación de tales aspectos. En diciembre de ese mismo año se aprobó una ley incorporando un 40 por ciento aproximadamente de la población activa quedando pendiente establecer un régimen de prestaciones para los nuevos asegurados.
A partir de septiembre de 1962, luego de un proceso de consulta con los propios trabajadores, se elaboró una Ley para todos los asalariados, incluidos más de 250 mil obreros agrícolas a los cuales respaldaba de todas las contingencias.
Se fijaron pensiones decorosas y subsidios adecuados a la labor y al salario del trabajador, y se otorgó además el derecho a la asistencia médica y hospitalaria en los casos necesarios.
La Ley 1100 de 1963 (primera ley socialista en la materia) representó la culminación de un momento singular en la aplicación de los principios de universalidad, solidaridad e integridad en el Sistema de Seguridad Social.
Comprendió entre otros aspectos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional con un criterio social en la prevención, asistencia y rehabilitación, la maternidad, las enfermedades y accidentes comunes.
Ese seguro social no existía antes en Cuba y paralelamente se reconoció también todo el tiempo de servicio prestado.
De tal forma comenzó a regir un sistema integrado por la seguridad social y la asistencia social que, en conjunto, formó un tono armónico capaz de garantizar, como lo expresa la Constitución, "no haya persona incapacitada para el trabajo sin medios decorosos de subsistencia".
Con el paso del tiempo, ya acorde a las condiciones del país, en enero de 1980 entró en vigor la Ley 24 vigente actualmente-, que agrega en sus acápites la cobertura a la invalidez parcial, vejez y muerte.
Su contenido conjugó el régimen de prestaciones con las condiciones del desarrollo socio-económico alcanzado por la nación y aseguró una distribución más justa de los fondos destinados a la seguridad social.
Bajo su protección están todos los trabajadores asalariados de los sectores estatal, cooperativo y privado; de organizaciones políticas, de masas y asociaciones; la familia del empleado y otros núcleos de la población como estudiantes de nivel superior en prácticas laborales.
Si en 1953, el gasto de seguridad social alcanzó los 26,4 millones de pesos (igual cantidad en dólares), en 1959 fueron dedicados a ese fin 114,3 millones de pesos.
Hoy la cifra no admite comparación, los gastos aprobados para 2008 ascienden a 4 mil 700 millones de pesos, de los cuales al pago de pensiones se destinan tres mil 950 millones, que representan un crecimiento de cuatro por ciento en relación con el 2007.
Con ello se garantizará el pago a más de un millón 600 mil pensionados y se incrementaría la pensión promedio a casi 221 pesos.
El Sistema de Seguridad Social cubano protege a un millón 335 mil 214 personas, de ellas el 56 por ciento son pensionados por edad, y a 146 mil por la Asistencia Social.
Con esas premisas y la preocupación del Estado por la población, los trabajadores analizarán desde septiembre próximo una propuesta del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que modifica la actual ley y entre otros aspectos tiene en cuenta la disponibilidad futura de fuerza de trabajo ante el envejecimiento de la población.
Por encima de cualquier consideración mantiene vigencia el principio de que ningún cubano quedará sin recursos mínimos para su subsistencia, tras cumplir sus deberes con la sociedad y aportarle su inteligencia y sudor, o incluso ante cualquier contingencia familiar.
Desde esa fecha el gobierno que asumió el poder en la Isla tiene entre sus principales aciertos la atención a los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad.
Los cambios ocurridos en el país obligaron a modificar los mecanismos encargados del amparo a las personas que, por su edad o enfermedad. abandonaban la vida laboral activa.
Hasta 1959 las instituciones del sector existentes aplicaban el esquema clásico del seguro social: contribución del empleador y del asegurado y, eventualmente, algunas recibían subsidio estatal.
Por otra parte, más del 50 por ciento de la población laboral carecía de tales beneficios y desconocía sus derechos.
De esa forma funcionaban 52 instituciones de seguro social, denominadas cajas de retiro o seguros clasificados por la Junta Nacional de Economía en jubilaciones y pensiones del Estado.
Con las transformaciones en la vida política y económica la seguridad social adquirió un nuevo sentido: la atención financiera a los fondos existentes para garantizar su funcionamiento sin interrupción y a más largo plazo y la cobertura de todos los riesgos.
La extensión de la protección a todos los trabajadores, la concesión de prestaciones suficientes, la racionalización y unidad administrativa, la gratuidad del sistema y la creación del seguro de enfermedad, formaron parte de la cotidiana protección a trabajadores.
En mayo de 1959 nació el Banco de los Seguros Sociales de Cuba y quedaban atrás los intereses políticos que frenaron durante años la unificación de tales aspectos. En diciembre de ese mismo año se aprobó una ley incorporando un 40 por ciento aproximadamente de la población activa quedando pendiente establecer un régimen de prestaciones para los nuevos asegurados.
A partir de septiembre de 1962, luego de un proceso de consulta con los propios trabajadores, se elaboró una Ley para todos los asalariados, incluidos más de 250 mil obreros agrícolas a los cuales respaldaba de todas las contingencias.
Se fijaron pensiones decorosas y subsidios adecuados a la labor y al salario del trabajador, y se otorgó además el derecho a la asistencia médica y hospitalaria en los casos necesarios.
La Ley 1100 de 1963 (primera ley socialista en la materia) representó la culminación de un momento singular en la aplicación de los principios de universalidad, solidaridad e integridad en el Sistema de Seguridad Social.
Comprendió entre otros aspectos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional con un criterio social en la prevención, asistencia y rehabilitación, la maternidad, las enfermedades y accidentes comunes.
Ese seguro social no existía antes en Cuba y paralelamente se reconoció también todo el tiempo de servicio prestado.
De tal forma comenzó a regir un sistema integrado por la seguridad social y la asistencia social que, en conjunto, formó un tono armónico capaz de garantizar, como lo expresa la Constitución, "no haya persona incapacitada para el trabajo sin medios decorosos de subsistencia".
Con el paso del tiempo, ya acorde a las condiciones del país, en enero de 1980 entró en vigor la Ley 24 vigente actualmente-, que agrega en sus acápites la cobertura a la invalidez parcial, vejez y muerte.
Su contenido conjugó el régimen de prestaciones con las condiciones del desarrollo socio-económico alcanzado por la nación y aseguró una distribución más justa de los fondos destinados a la seguridad social.
Bajo su protección están todos los trabajadores asalariados de los sectores estatal, cooperativo y privado; de organizaciones políticas, de masas y asociaciones; la familia del empleado y otros núcleos de la población como estudiantes de nivel superior en prácticas laborales.
Si en 1953, el gasto de seguridad social alcanzó los 26,4 millones de pesos (igual cantidad en dólares), en 1959 fueron dedicados a ese fin 114,3 millones de pesos.
Hoy la cifra no admite comparación, los gastos aprobados para 2008 ascienden a 4 mil 700 millones de pesos, de los cuales al pago de pensiones se destinan tres mil 950 millones, que representan un crecimiento de cuatro por ciento en relación con el 2007.
Con ello se garantizará el pago a más de un millón 600 mil pensionados y se incrementaría la pensión promedio a casi 221 pesos.
El Sistema de Seguridad Social cubano protege a un millón 335 mil 214 personas, de ellas el 56 por ciento son pensionados por edad, y a 146 mil por la Asistencia Social.
Con esas premisas y la preocupación del Estado por la población, los trabajadores analizarán desde septiembre próximo una propuesta del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que modifica la actual ley y entre otros aspectos tiene en cuenta la disponibilidad futura de fuerza de trabajo ante el envejecimiento de la población.
Por encima de cualquier consideración mantiene vigencia el principio de que ningún cubano quedará sin recursos mínimos para su subsistencia, tras cumplir sus deberes con la sociedad y aportarle su inteligencia y sudor, o incluso ante cualquier contingencia familiar.